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La política inicial llamaba a los registradores para que proporcionen un acceso seguro al Registro, que sea operacionalmente capaz de manejar un volumen de registro importante, que pueda mantener registros de las transacciones electrónicas, gestionar y proporcionar un servicio rápido a peticiones SLD, proporcionando seguridad, manejar las transferencias de los clientes que desean cambiar registradores, contratar a un personal en cantidad adecuada, y tomar medidas para proteger los intereses de sus clientes. El registrador también tendría que demostrar que tendría un seguro de responsabilidad suficiente y suficiente liquidez en sus activos. La preocupación por la creación y el mantenimiento de un servicio de registro válido se evidencia en la exigencia de que la información relativa a cada titular de un SLD tendría que ser presentado por el registrador para NSI para su inclusión en el Registro. También se requería brindar un servicio Whois para búsquedas. Las tarifas de solicitud para las que rigen para ser incluidos en la Fase 1 del banco de pruebas costaria $ 2.500, la tasa de solicitud general fue de $ 1.000. Las tasas de acreditación anuales ascienden a $ 5.000, también se evaluarían. [1]